Senador de Risaralda y otros congresistas acusados de acumular tierras del Estado
Un senador de Risaralda figura entre ocho congresistas colombianos señalados por acumular indebidamente tierras baldías del Estado. La denuncia fue hecha por Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco de la política de Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
Lea también: ¿Usted está de acuerdo con el Paro Nacional de la Reforma Laboral?
Harman reveló que existe un «cartel de congresistas» vinculado a la ocupación irregular de terrenos estatales, lo que implica un grave problema para la distribución justa de la tierra en Colombia. Además, aseguró que al menos uno de cada tres legisladores tendría algún vínculo con este tipo de irregularidades.
Agencia Nacional de Tierras denuncia «cartel de congresistas» por acumulación ilegal
El director de la ANT explicó que los casos ya están siendo investigados y algunos cuentan con resoluciones administrativas. «Son casos específicos que ya están abiertos por la Agencia Nacional de Tierras y que ya están fallados, de alguna manera, desde el punto de vista administrativo», afirmó Harman.
Entre los congresistas implicados están Marcos Daniel Pineda, Liliana Bitar, Juan Samy Merheg, quien representa a Risaralda, y Luis Eduardo Díaz, todos del Partido Conservador. También figuran Lidio García, del Partido Liberal; Ana Paola García Soto, del Partido de La U; Carlos Cuenca, de Cambio Radical, y familiares de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
El funcionario enfatizó que todos los implicados tienen derecho a presentar pruebas y aclarar la procedencia legal de los terrenos en cuestión. Sin embargo, la denuncia marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en la tenencia de tierras.
Contexto y repercusiones de la denuncia
La denuncia se enmarca en un esfuerzo gubernamental por mejorar la productividad agrícola y redistribuir la tierra a quienes realmente la necesitan. La Reforma Agraria del presidente Gustavo Petro busca acabar con la concentración desigual y promover un acceso más equitativo a los recursos rurales.
La acumulación indebida de tierras estatales por parte de congresistas afecta directamente esta política. Según Harman, la Agencia Nacional de Tierras actúa con firmeza para identificar a los responsables y proteger el patrimonio público.
Lea también: Pereira fortalece Megabici, el sistema de bicicletas públicas gratuitas
Este escándalo ha generado reacciones diversas en el Congreso y en la opinión pública, que exige transparencia y sanciones ejemplares. De hecho, el involucramiento de figuras políticas reconocidas aumenta la presión para que las investigaciones avancen con rigor.
