Personería de Pereira propone unidad especializada para derechos de personas privadas de libertad

La Personería de Pereira ha solicitado a la Alcaldía municipal la creación urgente de una Unidad Técnica Administrativa Carcelaria Especializada para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL). Esta propuesta se enmarca en el nuevo panorama legal trazado por la Ley 2346 de 2024, que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2025.

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La medida busca asegurar que el municipio esté preparado para asumir directamente las responsabilidades que impone la ley. Entre ellas, la contratación de los servicios de alimentación en los centros de detención transitoria y la implementación de políticas carcelarias coherentes con la normatividad nacional e internacional.

“La creación de esta unidad especializada no solo facilitaría la ejecución de la política alimentaria, sino que permitiría ofrecer una atención más amplia en temas de salud, bienestar y derechos humanos para la población privada de la libertad”, afirmó el personero municipal, Leonardo Reales Chacón.

Este llamado a la acción surge como respuesta al artículo 3º de la Ley 2346, que promueve la creación de instituciones propias dentro de las entidades territoriales para la gestión carcelaria. Además, responde al mandato de la Corte Constitucional en la sentencia SU-122 de 2022, que exige al Estado adoptar medidas efectivas para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Ley 2346 de 2024 redefine responsabilidades de los gobiernos locales en política carcelaria

La Ley 2346 de 2024 marca un antes y un después en la gestión carcelaria a nivel territorial. Desde julio, municipios como Pereira deberán encargarse directamente de los servicios esenciales para las personas detenidas, entre ellos, la alimentación.

Hasta ahora, muchas de estas funciones han sido asumidas de forma provisional por las secretarías de Gobierno. Sin embargo, como lo señaló el personero Reales Chacón, esto ya no será suficiente: “La entrada en vigor de esta nueva ley exige una estructura técnica y administrativa especializada que brinde soluciones integrales y sostenibles”.

La creación de la unidad especializada permitiría consolidar una respuesta institucional robusta. Esta unidad no solo gestionaría temas logísticos, sino que también podría liderar programas de atención en salud, seguimiento psicológico, orientación jurídica y promoción de los derechos humanos dentro de los centros de detención transitoria.

Expertos en derechos humanos han respaldado esta perspectiva, señalando que las condiciones actuales en muchos centros de detención son precarias. En ese sentido, dotar a los gobiernos locales de herramientas institucionales fortalecerá el cumplimiento de los estándares mínimos de dignidad exigidos tanto por la Constitución como por organismos internacionales.

Además, esta política responde a un enfoque de derechos humanos que busca reducir la reincidencia y promover la reintegración social. A largo plazo, estas acciones podrían aliviar la presión sobre el sistema penitenciario nacional, que enfrenta altos niveles de hacinamiento.

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Personería reitera compromiso con los derechos humanos y llama a la acción

La Personería de Pereira ha manifestado su disposición a acompañar y hacer veeduría al proceso de implementación de esta unidad especializada. Reales Chacón recalcó que “el compromiso de la Personería con la defensa de los derechos humanos es permanente”, y advirtió que estará vigilante frente al cumplimiento de las nuevas obligaciones por parte de las autoridades locales.

Desde la perspectiva institucional, este llamado busca anticipar posibles crisis en la atención a los PPL. El incumplimiento de la Ley 2346 podría exponer a los municipios a sanciones legales y, lo que es más grave, a violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.

La Personería subrayó que esta es una oportunidad para que Pereira se convierta en un modelo nacional en el cumplimiento de las nuevas políticas carcelarias. Con voluntad política, planificación técnica y participación ciudadana, el municipio puede garantizar condiciones de detención dignas y ajustadas a la ley.

Asimismo, la participación de actores sociales y organizaciones de derechos humanos será clave para construir una política pública con enfoque humano y sostenible. De esta forma, se podrá responder no solo a una obligación legal, sino a un imperativo ético que reconoce la dignidad de todas las personas, sin excepción.