Procuraduría investiga al exalcalde de Pueblo Rico por contrato directo con ASOMUR
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Pueblo Rico, Risaralda, Leonardo Fabio Siagama Gutiérrez, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato con la Asociación de Municipios de Risaralda (ASOMUR). Este hecho ha encendido las alarmas sobre el uso indebido de la contratación directa en la administración pública.
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Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, el contrato fue suscrito durante el periodo de gobierno de Siagama Gutiérrez, entre 2020 y 2023. La entidad sostiene que el exalcalde habría incurrido en faltas disciplinarias al omitir los principios de transparencia e igualdad en la contratación estatal, exigidos por la legislación colombiana.
Presunta falta gravísima en contrato con ASOMUR según la Procuraduría
El ente de control explicó que, al firmar el convenio con ASOMUR sin un proceso competitivo, el entonces mandatario local pudo haber vulnerado lo estipulado en las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011. Estas leyes regulan la contratación pública en Colombia y buscan garantizar que todos los oferentes cuenten con igualdad de condiciones para acceder a contratos estatales.
“La elección de ASOMUR mediante contratación directa omitió la posibilidad de que otros proveedores pudieran participar en igualdad de condiciones”, señaló un vocero de la Procuraduría. Según el pliego de cargos, esta decisión podría representar una falta gravísima, atribuida a título de culpa gravísima.
Además de Siagama Gutiérrez, la Procuraduría vinculó al proceso disciplinario a Héctor Fabio Serna, quien se desempeñó como secretario de despacho con funciones de Planeación entre 2022 y 2023. Serna habría participado en la elaboración de los estudios previos que sirvieron de base para suscribir el contrato, lo que lo convierte en posible corresponsable de las irregularidades.
El organismo de control indicó que con estas actuaciones se habrían transgredido principios constitucionales como la moralidad, la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Proceso disciplinario en curso por presuntas irregularidades contractuales
Actualmente, la investigación disciplinaria se encuentra en etapa de juicio. La Procuraduría deberá analizar si existen elementos suficientes para imponer sanciones a los implicados. De confirmarse la falta, las consecuencias podrían ir desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Cabe resaltar que la contratación con asociaciones como ASOMUR debe seguir lineamientos específicos. Aunque la ley contempla esta modalidad en ciertos casos, siempre debe justificarse de manera clara y cumplir con los principios que rigen la contratación estatal.
Especialistas en derecho público han advertido que el uso indebido de convenios interadministrativos ha sido una práctica recurrente en varios municipios del país. “Este tipo de contratación directa, cuando se usa sin los debidos estudios o para favorecer a ciertas entidades, debilita la transparencia institucional”, afirmó una abogada consultada por este medio.
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El caso de Pueblo Rico vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles y la capacitación de funcionarios públicos en temas de contratación. Solo así se podrá evitar que este tipo de irregularidades sigan ocurriendo y afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
