Minería ilegal en Quinchía: comunidad retiene a autoridades tras operativo ambiental
En un operativo reciente contra la minería ilegal en Quinchía, autoridades ambientales fueron retenidas por un grupo de pobladores que impidió el traslado de 18 personas capturadas por causar daños al ecosistema.
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La intervención se realizó en la vereda Juan Tapado, sector La Quiebra, en el municipio de Quinchía, Risaralda. Allí, tres unidades productoras mineras ilícitas estaban operando con impactos severos sobre los recursos naturales. Las autoridades reportaron contaminación por mercurio, desvío de quebradas y maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro.
Autoridades enfrentan resistencia durante operativo contra minería ilegal en Quinchía
La operación Coorpoare, liderada por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), fue respaldada por múltiples entidades: la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía, el Batallón San Mateo del Ejército y personal técnico de la Central Hidroeléctrica de Risaralda (CHEC).
Julio César Gómez, director de la Carder, explicó que durante la inspección se hallaron pruebas claras del uso de mercurio, una sustancia altamente tóxica y prohibida por su impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. “El uso de mercurio en estas prácticas genera un daño irreparable. Además, detectamos la desviación ilegal de cauces hídricos, lo cual agrava la situación”, afirmó Gómez.
Las autoridades incautaron cuatro motores valorados en $10 millones, una pluma, nueve molinos industriales y seis gramos de mercurio, estos últimos avaluados en cerca de $500.000. Estos elementos fueron inutilizados para evitar su reutilización.
En total, se logró la captura de 18 personas implicadas directamente en las actividades mineras ilegales. Sin embargo, la operación se complicó cuando un grupo de mineros y habitantes de la zona cerró el paso a los vehículos oficiales, impidiendo que los capturados fueran trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del municipio.
Minería ilegal en Quinchía pone en riesgo ecosistemas y seguridad institucional
Este hecho refleja el complejo escenario social que rodea la minería ilegal en Quinchía. La retención de las autoridades durante varias horas evidencia el poder de influencia que estas economías ilícitas tienen en algunas comunidades rurales. A pesar del bloqueo y la tensión generada, las autoridades recalcaron que no se presentaron hechos de violencia física contra el personal oficial.
Julio César Gómez enfatizó que, a pesar de la resistencia comunitaria, las acciones contra la minería ilegal continuarán con más fuerza. “No vamos a retroceder. La protección del ambiente y el cumplimiento de la ley están por encima de los intereses individuales o ilegales”, declaró el funcionario.
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El director de Carder también hizo un llamado a las comunidades para que se abstengan de apoyar actividades que afectan gravemente los ecosistemas y su propia calidad de vida. Aseguró que se fortalecerán las estrategias de educación ambiental, al tiempo que se incrementarán los operativos en otros puntos críticos del departamento.
Según datos oficiales, Risaralda ha identificado más de 30 puntos de extracción ilegal de minerales, la mayoría ubicados en zonas de difícil acceso. La minería ilegal, además de causar deforestación y contaminación de fuentes hídricas, está asociada con redes de criminalidad y afectaciones graves al orden público.
