Alcaldía de Pereira asumirá la alimentación de los sindicados en la UPPV desde julio de 2025
A partir del primero de julio de 2025, la Alcaldía de Pereira tomará la responsabilidad de proporcionar la alimentación a las personas sindicadas que se encuentran recluidas en la Unidad Permanente de Vida (UPPV). Este anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos Arias, quien detalló las implicaciones de esta nueva medida.
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La decisión es consecuencia de una ley aprobada recientemente en el Congreso de la República, que establece que los municipios donde existan centros de reclusión para sindicados deben asumir la responsabilidad de la alimentación de los mismos. La Alcaldía de Pereira licitará el suministro de alimentos para los 200 sindicados de la UPPV, según normativa vigente.
La nueva responsabilidad de la Alcaldía: un desafío logístico y económico
Hasta ahora, la alimentación de los sindicados de la UPPV estaba a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), dependiente del gobierno nacional. Con la nueva legislación, los municipios, incluyendo Pereira, asumirán esta tarea, lo que representa un reto logístico y económico.
El secretario Trejos Arias destacó que el municipio debe cumplir con una minuta que incluya desayuno, almuerzo, refrigerio y cena. La Alcaldía de Pereira, sin embargo, enfrenta una limitación importante: la UPPV no cuenta con un espacio físico adecuado para la preparación de alimentos. Esto obligará al municipio a subcontratar empresas especializadas para el suministro y preparación de alimentos, mediante un proceso de licitación.
La licitación deberá incluir todos los detalles de la minuta nutricional, cumplir con la ley y asegurar calidad y cantidad de alimentos. Según proyecciones iniciales, el costo para la Alcaldía podría superar varios millones, requiriendo una gran asignación de recursos municipales.
Impacto de la ley sobre la alimentación de los sindicados
La ley busca descentralizar los servicios penitenciarios, mejorar la gestión de los centros y acercar la justicia a la comunidad. Esta medida ha generado preocupaciones sobre la capacidad de los municipios, como Pereira, para cubrir estos gastos imprevistos debido a recursos limitados e infraestructura deficiente.
Trejos Arias destacó que la alcaldía colabora con el Ministerio de Justicia y el Inpec para garantizar una transición eficiente y legal. Aunque el costo no está totalmente cuantificado, se estima que la Alcaldía deberá destinar una parte significativa de su presupuesto para atender a los sindicados.
La situación de la Cárcel La 40 y la responsabilidad del Inpec
Aunque la Alcaldía de Pereira asumirá la responsabilidad de la alimentación de los sindicados en la UPPV, la situación de los internos de la Cárcel La 40 es distinta. En este caso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) continúa siendo el encargado de garantizar la alimentación y el bienestar de los internos. De hecho, Trejos Arias hizo hincapié en que el Inpec ya ha estado cumpliendo con esta función de manera responsable, y que no hay cambios previstos en este sentido para la cárcel de mediana seguridad ubicada en la ciudad.
El hecho de que la alimentación en la UPPV sea una responsabilidad municipal mientras que en la Cárcel La 40 sigue siendo competencia del Inpec refleja las diferencias en la naturaleza de ambos centros de reclusión. La UPPV alberga a personas sindicadas, es decir, a aquellas que aún no han sido condenadas, mientras que La 40 alberga a personas condenadas, lo que puede influir en las políticas y responsabilidades en torno a su manejo.
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La perspectiva a futuro: desafíos y soluciones
Con la entrada en vigor de esta nueva ley, se abren varias interrogantes sobre el futuro de la administración de los centros de reclusión en el país. Si bien el objetivo es mejorar las condiciones de los internos y garantizar un trato más cercano a la comunidad, los retos logísticos y económicos son evidentes, sobre todo en municipios como Pereira, donde las finanzas municipales se verán presionadas por esta nueva carga.
El secretario Trejos Arias señaló que la Alcaldía buscará la colaboración de entidades privadas y otras organizaciones para cumplir con esta obligación de la mejor manera posible. Sin embargo, también destacó la importancia de que el gobierno nacional acompañe este proceso con recursos adicionales para garantizar la correcta implementación de la ley sin afectar otros servicios esenciales en la ciudad.
