El diputado Durguez Espinosa exige descuento de salarios a docentes en Risaralda

En una carta dirigida al gobernador de Risaralda, el diputado Durguez Espinosa solicitó que la Secretaría de Educación realice los descuentos salariales correspondientes a los docentes que no cumplieron con su jornada laboral por estar ausentes de las aulas, ya sea por motivo de huelga o paro. Según Espinosa, este tipo de situaciones debe ser atendido con rigor, ya que la Corte Constitucional establece diferencias claras entre ambos términos y las implicaciones legales que surgen en cada caso.

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La solicitud surge a raíz de la reciente movilización de los maestros, quienes no asistieron a las clases durante varios días. El diputado, quien ha mostrado preocupación por las implicaciones que este tipo de paros puedan tener en la educación y los recursos del Departamento, resaltó la necesidad de establecer un orden claro para que no se pague por días no trabajados.

Descuento de salarios: un llamado a la acción para evitar consecuencias legales

La solicitud de Durguez Espinosa tiene como objetivo evitar que el gobierno departamental asuma un gasto innecesario por jornadas laborales no cumplidas. De acuerdo con la carta, la Secretaría de Educación debe aplicar los descuentos a los docentes ausentes, de forma que se ajusten a las normativas laborales y se evite que esta situación derive en acciones legales.

«El pago a los docentes por jornadas en las que no trabajaron podría generar un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación», advirtió Espinosa. Para el diputado, es esencial que las autoridades educativas se alineen con la jurisprudencia y los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, que establece que el derecho a la huelga es legítimo, pero no puede ser confundido con un paro que implique el abandono de las funciones laborales sin justificación adecuada.

Impacto en el PAE y en la educación de los estudiantes

Uno de los puntos más delicados que planteó Durguez Espinosa es el impacto que las ausencias de los docentes tienen en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El PAE es un componente esencial para los estudiantes de Risaralda, especialmente aquellos en zonas rurales, que dependen de este programa para recibir alimentos en sus jornadas escolares. Las movilizaciones y paros, según el diputado, pueden interrumpir la ejecución de este programa, afectando directamente a los estudiantes más vulnerables.

Espinosa también señaló que no solo la ausencia de los docentes tiene consecuencias sobre el rendimiento académico, sino que afecta toda la cadena de servicio educativo, desde la entrega de alimentos hasta la continuidad de los procesos de aprendizaje. En este sentido, se busca garantizar que los recursos destinados a la educación y al bienestar de los niños no sean malgastados debido a la inasistencia de los profesores.

La diferencia entre huelga y paro: un aspecto clave

Un punto clave que el diputado incluyó en su carta fue la distinción que hace la Corte Constitucional entre huelga y paro. Según la jurisprudencia, la huelga es un derecho legítimo de los trabajadores que puede llevarse a cabo bajo ciertos parámetros, como la negociación de mejores condiciones laborales. Sin embargo, el paro no necesariamente está justificado en estos términos y puede considerarse como una interrupción no autorizada del servicio.

El legislador enfatizó que es importante que la administración pública haga esta distinción, ya que los efectos legales de cada acción son diferentes. Si bien los docentes tienen el derecho a realizar huelgas, un paro no autorizado podría considerarse como una falta grave y acarrear sanciones para los involucrados. Esta diferenciación no solo es crucial desde un punto de vista legal, sino también para la gestión pública y la correcta asignación de recursos en el sistema educativo.

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Reacciones y consecuencias políticas

La carta del diputado Durguez Espinosa también ha generado una serie de reacciones dentro del ámbito político y educativo del departamento. Por un lado, algunos sectores apoyan la postura del legislador, argumentando que es fundamental que se respeten las normativas y que los recursos públicos no se desperdicien. De igual forma, las autoridades del Departamento de Risaralda deberán definir si tomarán acciones concretas respecto a la solicitud, lo que podría generar una serie de debates dentro del ámbito educativo.

Por otro lado, algunos sindicatos de maestros se han mostrado reticentes ante la medida, asegurando que los paros y huelgas son mecanismos legítimos para hacer valer los derechos laborales de los trabajadores. Este enfrentamiento entre la administración pública y los sindicatos podría agudizarse si no se alcanza un acuerdo sobre la aplicación de los descuentos salariales.