Posibles hallazgos administrativos en la obra de la Av. Colibríes

La obra de la Avenida Los Colibríes, un proyecto vial que se ha convertido en el centro de controversias en Pereira, sigue siendo objeto de investigaciones por parte de la Contraloría General de la República. La reciente auditoría realizada sobre la ejecución de la primera fase del proyecto, con cierre al mes de diciembre de 2024, ha arrojado alarmantes hallazgos.

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Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector infraestructura, afirmó que, en total, se identificaron 11 hallazgos administrativos, de los cuales 10 están relacionados con posibles responsabilidades disciplinarias y tres con posibles impactos fiscales. Estos últimos, que suman una cifra estimada de $18 mil millones, han llevado a la Contraloría a evaluar la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, lo que podría resultar en sanciones significativas para los responsables.

Este informe de auditoría es clave para entender el presunto detrimento económico que podría haber afectado al erario público. Las investigaciones apuntan a irregularidades graves en la ejecución del contrato de la obra, una de las más esperadas y costosas en la región. Aunque el valor de los hallazgos preliminares se eleva a $18 mil millones, cabe recordar que anteriormente la Fiscalía había hablado de un posible detrimento patrimonial de $12 mil millones en este mismo proyecto.

Implicados en corrupción enfrentan cargos por detrimento patrimonial en la obra vial

El proyecto de la Av. Los Colibríes no solo ha sido polémico por los hallazgos administrativos, sino también por los serios cargos de corrupción que enfrentan varios de los involucrados en su ejecución. Entre los principales señalados se encuentran el exalcalde de Pereira, Carlos Maya, y el exsecretario de infraestructura, Milton Hurtado. Ambos están bajo investigación por diversos delitos, tales como la obtención de documentos públicos falsos, fraude procesal y peculado por apropiación, entre otros.

Los cargos son graves y abarcan una amplia gama de delitos, que incluyen la falsedad ideológica en documento público, el prevaricato por acción, y el abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos. Además, se les acusa de destruir, suprimir u ocultar documentos públicos, lo que agrava aún más la situación judicial de los implicados.

El proceso judicial que se adelanta contra estos seis implicados por el presunto caso de corrupción ha generado gran interés público debido a la magnitud del caso y a los posibles daños que podrían haber afectado a las finanzas del municipio. La Fiscalía ya había manifestado su preocupación sobre el presunto detrimento patrimonial, pero los nuevos hallazgos realizados por la Contraloría han ampliado la cifra a $18 mil millones, lo que aumenta la gravedad del asunto.

Por otro lado, el Tribunal de la Sala Penal sigue evaluando una solicitud clave: el reconocimiento de cuatro empresas privadas como víctimas indirectas en este proceso. Las compañías involucradas habrían prestado servicios al Consorcio Prosperidad Vial Cerritos, responsable de la obra. Sin embargo, hasta el momento, no han logrado avanzar con la audiencia de acusación, ya que la decisión del Tribunal aún está pendiente.

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La importancia de la auditoría y las posibles consecuencias

La auditoría realizada por la Contraloría General de la República no solo ha desvelado los posibles desfalcos financieros, sino que también ha puesto en evidencia el alcance de las irregularidades en la gestión de recursos públicos. En este contexto, la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal no es solo una medida punitiva, sino una herramienta crucial para garantizar la transparencia y la correcta ejecución de obras públicas en el país.

El hecho de que las irregularidades detectadas hayan llegado a tal magnitud, con un posible detrimento patrimonial de $18 mil millones, pone en evidencia la falta de control y supervisión adecuada en proyectos de gran envergadura. Además, si se confirma la responsabilidad de los implicados, se podrían imponer sanciones severas, lo que enviaría un mensaje claro de que la corrupción en la ejecución de obras públicas no será tolerada.