La crisis humanitaria en el Catatumbo deja 60 muertos y miles de desplazados

La región del Catatumbo vive uno de los momentos más difíciles de su historia debido a la escalada de violencia por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los últimos informes de la Defensoría del Pueblo, la situación se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria, con un saldo de 60 muertos, miles de desplazados y más de 20 personas secuestradas. Este panorama de terror ha causado que cientos de familias huyan a las montañas en busca de refugio, mientras las autoridades trabajan en la atención de los afectados.

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Desplazamientos y confinamientos en el Catatumbo ante la violencia del ELN

Las localidades más afectadas por esta crisis incluyen municipios como Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. En estos lugares, la violencia ha superado cualquier límite, lo que ha generado no solo la muerte de personas, sino también una crisis de desplazamiento y confinamiento. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, además de los fallecidos, varios líderes sociales y firmantes de paz han sido víctimas de asesinatos y amenazas. Entre las víctimas mortales se encuentra Carmelo Guerrero, un reconocido líder social de la región, y siete firmantes de paz.

El panorama es aún más grave para las comunidades que habitan en las zonas rurales. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares debido a las amenazas del ELN, lo que ha resultado en miles de desplazados. Por ejemplo, en Cúcuta y Ocaña se han registrado llegadas masivas de desplazados, con familias que han llegado a albergues y espacios públicos en busca de refugio. En total, se calcula que más de 2.500 personas han llegado a Tibú, mientras que otras 850 familias se han trasladado a Ocaña.

Además de los desplazamientos, la situación de confinamiento en varias áreas ha puesto a las comunidades en una situación extremadamente vulnerable. En municipios como Ábrego y El Tarra, el temor de ser secuestrados o asesinados ha hecho que muchas personas se refugien en las montañas, donde la asistencia humanitaria es casi inexistente. “Es un llamado urgente a la acción para evitar una catástrofe aún mayor”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Crisis de derechos humanos: secuestros y condiciones desesperadas en el Catatumbo

El secuestro es otro de los flagelos que ha marcado esta crisis humanitaria en el Catatumbo. Según la Defensoría del Pueblo, el pasado jueves 20 personas fueron secuestradas, entre ellas 10 mujeres. Aunque algunas de estas personas ya han sido liberadas, otras siguen en poder de sus captores. La situación es aún más grave para los firmantes de paz, ya que tres de ellos fueron secuestrados mientras se encontraban en Convención y Teorama. A esta tragedia se suma el secuestro de 12 personas extorsionadas por el grupo armado con fines de obtener dinero.

Las comunidades se enfrentan también a una grave crisis alimentaria. Con la suspensión de actividades económicas y educativas, muchas familias no tienen acceso a productos básicos como alimentos y medicinas. Las comunidades indígenas, como la del pueblo Yukpa, también se encuentran en una situación crítica, con al menos 180 personas desplazadas y muchas más en riesgo de hacerlo. La falta de acceso a la educación también pone en peligro el futuro de miles de niños y jóvenes que viven en las zonas afectadas.

La preocupación es mayor entre los grupos más vulnerables, como las personas mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad, que requieren atención especializada. «Las necesidades de protección de la población civil son urgentes, y el gobierno debe garantizar la atención humanitaria en la región», agregó la Defensora del Pueblo.

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Acciones del gobierno y llamado a la comunidad internacional

En respuesta a esta grave crisis, el gobierno nacional ha desplegado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de los afectados. Este domingo, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó a Cúcuta para liderar las acciones del PMU, con la esperanza de mejorar la situación y coordinar esfuerzos entre las autoridades locales y nacionales.

El Ministerio Público ha reiterado su llamado al gobierno y a las autoridades locales para que prioricen la atención de los desplazados y garanticen el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. Además, la Defensoría del Pueblo ha instado a los grupos armados, en especial al ELN, a cesar los ataques contra la población civil y permitir el ingreso de las ayudas necesarias.