Plan criminal en obra Los Colibríes, la fiscalía revela detalles

Corrupción al descubierto en obra pública

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La Fiscalía califica los hechos como un grave caso de corrupción con millonarios sobrecostos.

La Fiscalía Seccional Risaralda ha calificado como un «Plan Criminal» los acontecimientos relacionados con la obra Los Colibríes, que según las investigaciones realizadas durante los últimos cinco meses, involucran a prominentes exfuncionarios municipales y contratistas. Según el Fiscal 20 Seccional, entre marzo y abril del 2021, el exalcalde Carlos Maya, junto con el fallecido secretario de Infraestructura Juan Carlos Restrepo Restrepo y Milton Hurtado, habrían concertado un proceso contractual con evidentes sobrecostos.

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Negligencia y presuntas manipulaciones desde la Alcaldía

El proyecto en cuestión buscaba la construcción de 3.400 metros de vías en la Avenida Los Colibríes, inicialmente diseñado para seis carriles. Sin embargo, a falta de presupuesto, se decidió licitar únicamente cuatro carriles, con la intención de comprometer vigencias futuras a través del Concejo Municipal, sin contar con los estudios definitivos de consultoría requeridos.

Según la investigación fiscal, Milton Hurtado habría sido clave en la manipulación de los estudios preliminares, alterando especificaciones técnicas y cantidades de obra sin una fundamentación clara, lo cual facilitó la adjudicación del contrato al Consorcio Prosperidad Vial Cerritos en agosto de 2021. Este consorcio, según las acusaciones, habría recibido modificaciones sustanciales al contrato apenas días después de iniciar la obra, incluyendo la ampliación a seis carriles y cambios en la infraestructura eléctrica, acciones que debieron pasar por un nuevo proceso de licitación.

Prórrogas y falsificaciones en la gestión del proyecto

El contrato, originalmente previsto para 18 meses y un valor superior a los $31 mil millones, enfrentó múltiples controversias durante su ejecución. Según la Fiscalía, a pesar de la finalización del contrato en mayo de 2023 y la necesidad de seleccionar un nuevo interventor mediante concurso de méritos, se habría presentado una prórroga con documentos presuntamente alterados para continuar con la obra, bajo la supervisión de un interventor que no cumplió adecuadamente con sus funciones.

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Además, se mencionó la existencia de pagos irregulares que suman más de $3 mil millones en anticipos y sobornos por $100 millones para agilizar permisos ambientales, aspectos que forman parte de los cargos imputados contra los principales implicados en este caso.

El Pereirano

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