El contratista enfrenta cargos por corrupción en la Av. Los Colibríes y rechaza acusaciones en audiencia.
Luego de la audiencia de imputación de cargos realizada en Pereira, José Gabriel Vargas Carvajal, contratista de la Avenida Los Colibríes, enfrenta una seria acusación por parte de la Fiscalía. El fiscal 20 seccional de administración pública, José Ignacio Arias, le imputó delitos graves como peculado, prevaricato y falsedad ideológica en documento público, así como irregularidades en contratos.
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Según la investigación, Vargas Carvajal y su socio, Carlos Guillermo Suárez, habrían participado activamente en actos de corrupción relacionados con el proyecto de la Avenida Los Colibríes. Se les acusa de sobornar a funcionarios de la Carder con 100 millones de pesos para agilizar permisos ambientales, utilizando fondos provenientes de un anticipo millonario destinado a la obra, administrado por la fiduciaria Credicor.
Investigación y Acusaciones Detalladas
La fiscalía sostiene que Vargas Carvajal y su equipo, incluyendo al interventor José Alberto Rojas y al socio Suárez, manipularon contratos y facturas. Se menciona específicamente la facturación con sobreprecios y la inclusión de gastos duplicados, como los de aprovechamiento forestal y redes de servicios básicos. Estas prácticas habrían resultado en una apropiación indebida de más de 12.000 millones de pesos, según registros de cuentas de cobro entre abril y diciembre de 2023.
Solicitud de Medida de Aseguramiento
Ante la gravedad de los cargos, José Gabriel Vargas Carvajal no admitió su responsabilidad durante la audiencia inicial. El próximo miércoles 3 de julio, se llevará a cabo una nueva sesión judicial donde se solicitará formalmente la medida de aseguramiento en un centro carcelario tanto para Vargas Carvajal como para Carlos Alberto Ballesteros, otro implicado en el caso. Mientras tanto, Carlos Guillermo Suárez permanece en libertad, a pesar de su implicación en los mismos hechos.
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Repercusiones y Futuro del Caso
El caso ha generado revuelo en Pereira, pues involucra a figuras prominentes en la construcción pública local. Las autoridades esperan que este proceso judicial arroje luz sobre las prácticas de corrupción dentro de los proyectos de infraestructura, así como sentar un precedente en la lucha contra la malversación de fondos públicos.
