La decisión sigue a la polémica intervención de Sanitas, aumentando la incertidumbre en el sector salud.
En un movimiento sin precedentes, el Gobierno Petro, a través de la Superintendencia de Salud, ha intervenido la Nueva EPS, la entidad prestadora de salud más grande de Colombia. Esta medida, anunciada el miércoles, sigue de cerca a la controversial intervención de Sanitas, y se convierte en el nuevo epicentro de la polémica que rodea al sector salud en el país. Con 10,8 millones de afiliados a la espera de las consecuencias, la intervención de la Nueva EPS plantea interrogantes sobre el futuro de la atención médica en Colombia.
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Impacto en la reforma a la salud
La intervención coincide con un momento crítico para la reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro, que actualmente enfrenta obstáculos en la Comisión Séptima del Senado. Este escenario complica aún más el panorama para el Gobierno Petro, que ya había mostrado su interés en ejercer un control más firme sobre las EPS, incluida la Nueva EPS, donde colocó a Aldo Cadena, un aliado del presidente, en la presidencia de la entidad.
La Nueva EPS, con un 50% más una acción de capital privado y el resto perteneciente a La Previsora Vida, empresa del Estado, ha sido una pieza clave en el ajedrez político y económico del sector salud. La distribución entre afiliados al plan contributivo y subsidiado resalta la importancia de esta EPS en la cobertura de salud en Colombia.

Controversias y acusaciones
La intervención ha desatado una ola de críticas y acusaciones, incluyendo las del representante a la Cámara Andrés Forero, quien interpreta la medida como una estrategia del Gobierno para asfixiar a las EPS, incluso aquellas bajo su control. La situación se agrava con las recientes declaraciones del presidente Petro sobre una supuesta «contabilidad falsa» en la Nueva EPS y la falta de claridad sobre el destino de $6 billones de pesos destinados a la atención en salud.
Desafíos y preocupaciones futuras
La comunidad afectada y los observadores del sector salud están a la espera de las implicaciones de esta intervención, especialmente en lo que respecta a la calidad y oportunidad en la prestación de servicios médicos. La inquietud se extiende a los afiliados en regiones apartadas, como San José del Guaviare, donde ya se han reportado demoras significativas en la entrega de medicamentos.
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La intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno Petro marca un momento decisivo en la política de salud colombiana. Con 10,8 millones de afiliados pendientes de los desarrollos, el impacto de esta medida se sentirá en todo el país. A medida que la situación evoluciona, todas las miradas están puestas en la capacidad del Gobierno para garantizar la continuidad y calidad de la atención médica en medio de este turbulento panorama.