Un Fallo Histórico Garantiza el Flujo de Recursos para la Salud
En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional ha ordenado al Gobierno colombiano, específicamente al Ministerio de Salud, que garantice el flujo de los recursos desembolsando la totalidad de los fondos aprobados en el acuerdo de punto final a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los próximos dos meses. Este dictamen busca asegurar el pago de ciertos servicios de salud esenciales que han quedado pendientes de financiación, marcando un hito en la gestión de recursos en el sector salud del país.
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Un Acuerdo de pago para Resolver la Deuda con las EPS
El acuerdo de punto final se estableció como una medida para saldar de manera definitiva las deudas acumuladas hasta diciembre de 2019 con las EPS, evitando la generación de nuevos pasivos. Sin embargo, el cumplimiento de este acuerdo ha enfrentado obstáculos significativos. La sala especial de seguimiento de la Corte encontró que, para el año 2023, el Gobierno no había realizado el pago total de esta deuda, que se esperaba liquidar completamente en agosto de 2022.
Identifican montos no pagados del acuerdo, deudas judiciales y nuevas obligaciones desde 2020 por servicios durante la pandemia de Covid-19.
La Deuda en Crecimiento y la Respuesta de la Corte
La Corte Constitucional ha destacado un incremento en la deuda con las EPS, exacerbado por los recobros iniciados desde 2020, que ya superan el billón de pesos, en su mayoría por servicios ofrecidos durante la crisis sanitaria. Este escenario ha llevado a la Corte a tomar medidas drásticas, ordenando el desembolso completo de los dineros aprobados que aún no han sido pagados, en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la decisión.
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Implicaciones para el Sector Salud
Esta orden de la Corte Constitucional no solo busca garantizar el flujo de recursos hacia las EPS, sino también fortalecer el sistema de salud, asegurando que los servicios esenciales sean financiados adecuadamente. Al resolver estas deudas pendientes, el Gobierno podrá evitar la acumulación de nuevos pasivos y mejorar la prestación de servicios de salud a la población. Además, esta decisión pone de manifiesto la importancia de una gestión eficiente de los recursos en el sector salud y el rol crucial de los entes de control en la supervisión de las obligaciones del Estado.
La medida tomada por la Corte Constitucional refleja un esfuerzo por remediar las falencias en el financiamiento de los servicios de salud en Colombia, representando un avance significativo en la garantía de derechos fundamentales para los ciudadanos. Con este fallo, se espera que el Ministerio de Salud cumpla de manera efectiva con sus compromisos financieros hacia las EPS, marcando un antes y un después en la gestión de la salud pública en el país.
