El nombramiento de Verónica Alcocer despierta controversia por posible violación legal y constitucional.
La Procuraduría emitió un concepto sobre el nombramiento de la primera dama como embajadora, pues se dio el lujo de pasear a Europa y con dineros del Estado. El Decreto 0035 del 12 de enero de 2023 designó a la primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en una misión especial para un viaje al Vaticano el 13 y 14 de enero de 2023 a una visita al papa Francisco. Pues bien, el ciudadano Harold Eduardo Sua demandó ese decreto y pidió la nulidad porque se emitió una infracción de la norma.
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Por Sofía García, Corresponsal de Actualidad
La controversia en torno al nombramiento de Verónica Alcocer como embajadora ha tomado un giro significativo tras el concepto emitido por la Procuraduría, donde se destaca la posible infracción legal y constitucional en dicho acto. El debate se intensifica mientras se cuestiona la legalidad del decreto y la participación de la primera dama en funciones diplomáticas.
El Pronunciamiento de la Procuraduría
Juan Carlos Villamil, procurador judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha instado a considerar la solicitud de nulidad del decreto que designa a Alcocer como embajadora en misión especial para la audiencia pública con el papa Francisco en enero de 2023. En su análisis, el procurador resalta la competencia del presidente para gestionar las relaciones internacionales y nombrar a representantes diplomáticos, pero señala una presunta violación a un acto legislativo que prohíbe a los servidores públicos nombrar a sus parientes.
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Dineros del Estado en Cuestión
La investigación de La Silla Vacía arroja luz sobre los gastos asociados al nombramiento de Alcocer. Se revela que la embajadora recibió una suma considerable de 640 dólares diarios (equivalentes a 2’514.000 pesos) para viáticos en sus viajes, además de financiamiento para cubrir los honorarios de un maquillador, vestuarista y fotógrafo personal. Estos datos agregan más polémica al debate en curso.
La posición de la Procuraduría, respaldada por la investigación periodística, plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en el ejercicio de funciones diplomáticas. El caso de Verónica Alcocer refleja un escenario donde los límites entre lo político y lo familiar se difuminan, generando desconfianza y críticas en la opinión pública.
