Dosquebradas y Pereira, dos localidades en el departamento de Risaralda, han sido testigos de un preocupante incremento en los actos de violencia. Los casos de homicidios y cuerpos desmembrados han aumentado en los últimos meses, generando gran alarma en la comunidad y en las autoridades defensoras de derechos humanos.
Según informa el director ejecutivo de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal y reconocido defensor de derechos humanos, Jaime Gutiérrez, estos hechos podrían estar relacionados con las bandas delincuenciales conocidas como Bacrim (Bandas Criminales Emergentes). Estas organizaciones se encuentran disputando el control del territorio y los nexos entre «La Cordillera» y el Clan del Golfo.
La situación es especialmente grave en Dosquebradas, que actualmente tiene la mayor incidencia de hechos violentos en el Área Metropolitana. Según las investigaciones, al menos cinco comunas de esta localidad están siendo escenario de una feroz batalla entre las organizaciones delictivas, que buscan controlar el territorio para la distribución de sustancias psicoactivas.
Por otro lado, en Pereira, se han registrado un alto número de hechos violentos en sectores como el corregimiento de Puerto Caldas. La presencia de las Bacrim y su lucha por el control del territorio han generado un clima de inseguridad en la ciudad.
Ante esta preocupante situación, las autoridades competentes han intensificado sus esfuerzos para combatir la violencia y brindar seguridad a los ciudadanos. Se están implementando operativos especiales de seguridad y se ha fortalecido la cooperación entre las diferentes entidades encargadas de velar por el orden público.
La Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales trabajan arduamente para esclarecer los casos de violencia y llevar ante la justicia a los responsables. La recolección de pruebas, testimonios y el análisis forense de los cuerpos desmembrados hallados en fosas comunes son parte fundamental de las investigaciones en curso.
La comunidad en Dosquebradas y Pereira se encuentra en estado de consternación y exige acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y la tranquilidad en la región. Los defensores de derechos humanos continúan monitoreando de cerca la situación y abogan por el respeto de los derechos de las víctimas y la persecución de los responsables.
Es necesario fortalecer los esfuerzos conjuntos entre la sociedad civil, las autoridades y la comunidad en general para enfrentar este problema de seguridad y trabajar en la prevención de la violencia. Solo a través de una acción coordinada y decidida se podrá recuperar la paz y la tranquilidad en Risaralda.
La violencia en Risaralda, evidenciada por el hallazgo de cuerpos desmembrados y la disputa territorial entre bandas delincuenciales, es un desafío que debe ser abordado de manera integral y urgente.
