El Gobierno está preparando el lanzamiento del ‘Programa especial de dotación de tierras a favor de población campesina para la producción de alimentos’, también conocido como reforma agraria. El principal objetivo de esta iniciativa es brindar tierras fértiles a los campesinos que no las poseen, buscando así promover la equidad y aumentar la producción de alimentos. Además de las familias campesinas, el programa también contempla la inclusión de agromineros (personas que ejercen la minería informal y cultivan su propia comida), asociaciones, cooperativas agrarias e incluso juntas de acción comunal.
Según un borrador de decreto del Ministerio de Agricultura, se establece que la existencia de zonas prioritarias para el programa será determinada por el Ministerio mismo. Algunos de los criterios considerados para la selección de estas zonas son la alta concentración de la propiedad rural, baja productividad y alta conflictividad agraria.
En estas zonas prioritarias, la Agencia Nacional de Tierras tendría la facultad de declarar de interés social y utilidad pública, siguiendo las causales estipuladas en la Ley 160 de 1994, aquellos predios que sean identificados como necesarios para el desarrollo del programa, sin perjuicio de la oferta voluntaria de venta contemplada en el artículo 62 de la Ley 2294 de 2023.
La figura de «interés social y utilidad pública» se utiliza cuando el Estado o una empresa privada está llevando a cabo un proyecto de utilidad pública, como la construcción de una carretera o una hidroeléctrica, y requiere adquirir un terreno. En este caso, dicha declaración solo aplicaría a las zonas priorizadas y tendría como objetivo eliminar y prevenir la distribución desigual de la tierra, así como fomentar el aprovechamiento adecuado de terrenos incultos, ociosos o deficientemente utilizados.
En cada zona priorizada del país, la Agencia Nacional de Tierras establecerá comités de reforma agraria y comités de beneficiarios, donde se acordará a quiénes y con qué propósito se otorgará la tierra. El objetivo es no solo entregar tierras, sino también promover su cultivo y el progreso de las comunidades. En este sentido, el decreto establece que las entidades gubernamentales deben ofrecer servicios sociales básicos, infraestructura física, crédito, diversificación de cultivos, adecuación de tierras, seguridad social, transferencia de tecnología y comercialización.
