La situación para los líderes y lideresas sociales en Risaralda se ha vuelto cada vez más preocupante, registrando un preocupante aumento en las cifras de amenazas durante el 2023. Especialmente en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira y La Virginia, 28 hombres y mujeres han denunciado hechos violentos en su contra, siendo 6 de ellos en el municipio de las araucarias. La presencia de grupos ilegales que buscan el control territorial para el microtráfico es señalada como la principal causa de esta problemática. A pesar de las alertas tempranas emitidas y los llamados a la acción, aún no se han implementado medidas efectivas para proteger a los líderes sociales.
El incremento de las amenazas hacia los líderes y lideresas sociales en Risaralda ha generado una gran preocupación en la región. Durante el año 2023, se ha observado un aumento significativo en la cantidad de denuncias por hechos violentos en contra de estos defensores de derechos humanos, especialmente en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira y La Virginia.
Según Jaime Gutiérrez, director ejecutivo de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal y defensor de derechos humanos, esta situación se debe a la presencia de diversos grupos ilegales que buscan el control territorial para el microtráfico. La disputa por el control de estas actividades ilícitas ha llevado a un incremento en las amenazas y ataques hacia los líderes sociales que luchan por la protección de sus comunidades.
A pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para el municipio de Dosquebradas debido a las acciones violentas de la banda criminal conocida como ‘La Cordillera’, y los llamados de atención realizados en todo el territorio risaraldense, aún no se han implementado acciones concretas para abordar esta problemática y garantizar la seguridad de los líderes y lideresas sociales.
Ante esta situación, las autoridades defensoras de derechos humanos han solicitado la intervención inmediata del Gobierno Nacional a través de la Procuraduría, la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Se requiere una respuesta efectiva y coordinada para proteger la vida de todos los líderes y lideresas del departamento de Risaralda que enfrentan amenazas y violencia en su labor.
La protección de los líderes y lideresas sociales es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Su trabajo incansable en la defensa de los derechos humanos y la construcción de comunidades más seguras y solidarias merece ser reconocido y respaldado. Es imperativo que se tomen medidas concretas y efectivas para brindarles la seguridad y protección necesarias para continuar su invaluable labor.
