Desde hace un tiempo, se han conocido denuncias sobre la obra de acueducto en Pueblo Rico, Risaralda, que fue gestionada ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por el exsenador Mario Castaño y el alcalde del municipio. La obra, que fue entregada a finales del año 2022 con muchas inconsistencias, no ha cumplido su objetivo principal de suministrar agua potable para la comunidad. Como resultado, se ha tenido que reconectar el acueducto antiguo, que está fabricado con asbesto y colapsa en épocas de lluvia.
El concejal de Pueblo Rico, Giovanny Herrera, ha denunciado que gran parte del dinero destinado a la obra, que supera los 6 mil millones de pesos, se ha invertido en la compra de un tanque de almacenamiento de agua en lugar de una planta de tratamiento de agua potable.
Además, las últimas muestras de laboratorio realizadas a la calidad del agua suministrada por el acueducto han salido rechazadas y con un nivel de riesgo alto, lo que indica que no es apta para el consumo humano.
El representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García, ha pedido una intervención por parte de las autoridades nacionales y ha presentado una proposición ante la Comisión VI de la Cámara de Representantes. La proposición fue remitida a la Contraloría General de la República para realizar una Intervención Funcional Excepcional sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por los cambios unilaterales en los diseños de la obra y otras irregularidades en la ejecución del contrato para la modernización del acueducto de Pueblo Rico, Risaralda.
Esta situación es preocupante, ya que los habitantes del municipio están sufriendo las consecuencias de un presunto acto de corrupción y la inversión realizada en este proyecto no parece ser la adecuada. Es importante que las autoridades tomen medidas para garantizar el suministro de agua potable de calidad para la comunidad.
