El Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal se conmemoró ayer en todo el mundo, poniendo en primer plano a Colombia como uno de los países más afectados por estos artefactos. Desde 1990 a 2022, más de 12.000 personas han sido afectadas por minas antipersonal en el país, dejando un triste saldo de amputaciones, discapacidades y fallecimientos.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Norte de Santander son los más afectados por este flagelo, con 147 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo relacionadas con la contaminación por minas antipersonal y otros artefactos explosivos.
En Colombia, el 60% de las víctimas de minas antipersonal han sido miembros de la Fuerza Pública, mientras que el 40% restante corresponde a la sociedad civil. El 80% de las víctimas sufren lesiones graves y el 20% fallece debido a estos elementos explosivos.
Aunque el departamento de Risaralda ha sido afectado por las minas antipersonal en el pasado, desde 2014 no se han presentado víctimas por cuenta de estos artefactos. Sin embargo, el mayor Jaime Salinas, segundo comandante del Batallón San Mateo, destacó que aún hay zonas con alto riesgo de minas en la región, como Mistrató y San Antonio de Chamí, donde se han registrado víctimas en el pasado.
El coronel Carlos Vanegas, comandante de la Octava Brigada, afirmó que aunque en la región no se han presentado víctimas recientes por cuenta de las minas antipersonal, durante años el frente 47 Aurelio Rodríguez de las Farc instaló estos artefactos explosivos en municipios como Pueblo Rico y Mistrató.
Actualmente, en el Eje Cafetero hay un Batallón de desminado que trabaja en municipios como Samaná y Salamina para eliminar las minas antipersonal y garantizar que la gente pueda volver a cultivar sus tierras sin temor a caer en estos artefactos. Aunque se han hecho esfuerzos para reducir el impacto de las minas antipersonal en Colombia, aún queda mucho por hacer para erradicar este flagelo y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
