Por orden judicial fue suspendido el procedimiento adelantado por la Administración Empresa de Todos y las autoridades competentes, atendiendo a una orden de Policía, para llevar a cabo el desalojo de 20 viviendas en condición de invasión en sector conocido como Juanchito en el barrio Campestre B del municipio de Dosquebradas.
Lo anterior, teniendo en cuenta que desde el año 2021 comenzó el pleito jurídico donde se denunció la invasión de la zona de protección forestal de la orilla sur de la quebrada Dosquebradas, tal como está establecido en el Acuerdo 028 de junio de 2011 de la Carder, en la cual se determina las zonas de retiro en su artículo tercero se define “Zona de Propiedad del Estado, es una franja de terreno hasta de 30 metros de ancho, paralela al cauce natural de las corrientes, que debe ser excluida de la titulación de baldíos”.
Al respecto, el director operativo de Control Físico de la secretaría de Gobierno Mauro Yesid Bedoya explicó “cumpliendo una orden de policía, luego de fallarse en primera y segunda instancia una acción de tutela interpuesta por un grupo de personas que dio como resultado un fallo improcedente, tuvimos que hacer este operativo que es de carácter legal porque estamos recuperando una zona forestal protectora y un tramo por donde pasa la vía. Durante todo el proceso, las familias fueron representados por apoderados judiciales quienes conocen el debido proceso y se confirma el fallo de primera y segunda instancia. Es de recordar que hace un año, se iba proceder a hacer este operativo el cual fue suspendido por un Juez de la República, sin embargo, en ese momento 6 familias salieron de sus viviendas y los acompañamos en el desalojo voluntario”.
No obstante, y al medio día de hoy, se recibió la orden judicial provisional para suspender el desalojo, motivo por el cual la administración Empresa de Todos, acató de inmediato la medida hasta tanto no se resuelva de fondo la acción de tutela.
Durante el procedimiento estuvieron presentes delegados de entidades e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Personería, el ICBF, la Comisaría de Familia, la Unidad de Víctimas, las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Político, Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, Obras Públicas, Diger, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Nacional, para hacer acompañamiento psicosocial, de enfermería para velar por la integridad física y mental de las familias afectadas.